1) ¿Cómo puede la región diseñar políticas para superar la brecha digital?
A medida que la brecha digital se achica, es cada vez más complejo el enfoque de políticas que debe adoptarse, tanto para la brecha de oferta como de demanda. A modo de ejemplo, para conectar al 10% de la población que aún no tiene cobertura de 3G, será necesario duplicar la inversión privada realizada hasta el momento. Más aún, para lograr la migración de los usuarios hacia patrones de consumo dato-intensivos, que permiten potenciar los verdaderos beneficios de la conectividad, las políticas públicas deberán tener un enfoque holístico.
Desde una óptica de brecha de oferta, las políticas deberían estar enfocadas en generar incentivos para fomentar el despliegue de la infraestructura necesaria, políticas impositivas que promuevan el acceso a servicios digitales, instituciones sólidas con un enfoque orientado a crear marcos de certidumbre, con regulación ex-post donde sea necesario, y una visión planificada de largo plazo, que tenga como objetivo último conectar a más personas a un internet de calidad.
Además de la brecha de infraestructura digital (oferta), es vital comprender el rol de la demanda. Una de las barreras a atender es la alfabetización digital, la componente de aptitudes digitales será imprescindible para que los ciudadanos desarrollen los conocimientos digitales necesarios para explorar los beneficios que ofrece internet móvil. La percepción de internet como herramienta de entretenimiento encubre la verdadera importancia del acceso a internet, y allí el rol de los gobiernos es estratégico.
2) ¿Cómo pueden hacer los operadores y gobiernos que la cobertura sea más económicamente sostenible?
Cerrar la brecha de cobertura requiere de un esfuerzo conjunto entre la industria y las administraciones de nuestra región, posible de ser separada escalonada en dos etapas. La participación del mercado hasta donde sea posible y la intervención pública donde sea necesario. Para ampliar la cobertura actual las administraciones deberían explorar la intervención únicamente después de agotar el uso de incentivos al mercado para que las empresas incrementen la cobertura por sí solas y luego, si no actúan de ese modo voluntariamente, considerar las opciones de intervención.
El objetivo de políticas debería estar puesto en encontrar alternativas tecnológicas que reduzcan los costos de despliegue y operación. Para esto será necesario contar con un entorno predictible que permita reducir la prima de riesgo de las inversiones futuras, una regulación intersectorial (ej.- ventanillas únicas para permisos, derechos de vía, etc.) que promueva la sinergia con otros sectores de infraestructura de red (caminos, ferrovías, energía, etc.), la homogeneización de normas locales para facilitar el despliegue y hojas de ruta previsibles de espectro. Llevar la cobertura más allá de los límites del mercado, podría requerir asociaciones público privadas, subsidios, el uso de edificios públicos y un modelo claro de uso de los Fondos de Servicio/Acceso Universal. Todos estos puntos hoy no funcionan a pleno y requieren de mucho músculo y de prueba y error de los reguladores para tornarlos efectivos.
Para citar, nuestro reporte de Cobertura Rural (2018)
